Posesión en un cantón militar: un mensaje que Colombia necesita

La decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en una guarnición militar ubicada en una de las zonas más golpeadas por la violencia no es un simple cambio de escenario para la ceremonia del 7 de agosto.

Se trata de un mensaje político, institucional y simbólico sobre la prioridad que tendrá la seguridad durante el nuevo gobierno.

Por eso resulta incomprensible que desde el gobierno saliente se intente dificultar una decisión que representa el legítimo cambio de rumbo que eligieron los colombianos en las urnas.

Después de cuatro años en los que el gobierno del presidente Gustavo Petro optó por una política que debilitó la ofensiva del Estado contra las organizaciones criminales, el país decidió respaldar una propuesta que plantea recuperar la autoridad, fortalecer la Fuerza Pública y enfrentar con determinación a quienes viven del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el terrorismo.

La incomodidad que genera este acto en algunos sectores termina confirmando la visión que predominó durante el gobierno que concluye.

Mientras las Fuerzas Militares y la Policía veían limitadas sus capacidades operativas, a los grupos armados ilegales se les otorgó un tratamiento político que nunca debieron recibir.

Organizaciones dedicadas al crimen fueron presentadas como interlocutores legítimos, cuando su verdadera motivación ha sido siempre el control de economías ilegales y la expansión de su poder criminal.

El Valle del Cauca y, especialmente, el Cauca conocen de primera mano las consecuencias de esa política.

Durante estos años crecieron la violencia, el control territorial de las organizaciones armadas y los atentados contra la población civil y la Fuerza Pública.

Las revelaciones sobre los presuntos acuerdos para “jugar a los congelados” con estructuras criminales solo aumentan las dudas sobre las decisiones que marcaron la política de seguridad del gobierno saliente.

Por eso la posesión en una guarnición militar adquiere un significado que va mucho más allá del protocolo.

Representa el inicio de una etapa en la que las Fuerzas Militares y la Policía recuperan el respaldo político necesario para cumplir su misión constitucional: proteger a los ciudadanos y enfrentar a quienes amenazan la seguridad del país.

Colombia necesita una Fuerza Pública fortalecida, mejor equipada, con inteligencia suficiente y plena capacidad operativa.

La paz no se construye debilitando al Estado ni facilitando la expansión de los criminales.

Se construye garantizando autoridad, protegiendo a la población y haciendo que quienes viven del delito vuelvan a temerle a la ley, no al contrario.

Ese es el mensaje que transmite esta posesión y ese es el rumbo que el país espera recuperar.

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