La justicia no puede construirse sobre la prisa

Vivimos en una época en la que una publicación puede destruir, en cuestión de horas, la reputación que una persona construyó durante toda una vida.

La velocidad con la que circula la información ha superado, muchas veces, la capacidad de verificarla.

Y cuando eso ocurre, no solo se pone en riesgo el buen nombre de alguien, sino también uno de los principios esenciales de cualquier Estado Social de Derecho, el debido proceso.

Lo ocurrido alrededor de Rafael Poveda ha generado un intenso debate nacional.

Como ocurre en cualquier caso de alto impacto, las emociones afloran, las posiciones se radicalizan y las redes sociales parecen dictar sentencias antes de que las autoridades puedan cumplir su labor.

Precisamente por eso, este momento exige más serenidad que nunca.

Es importante decirlo con absoluta claridad, siempre he sido un defensor de los derechos de las mujeres.

He acompañado causas en las que la violencia de género ha dejado heridas profundas y conozco el enorme valor que implica denunciar.

Durante muchos años, miles de mujeres guardaron silencio por miedo, por vergüenza o porque simplemente nadie les creyó. Esa realidad no puede minimizarse ni desconocerse.

Pero defender a las mujeres jamás puede significar renunciar a los principios que sostienen la justicia.

Una sociedad verdaderamente democrática debe ser capaz de proteger a quien denuncia y, al mismo tiempo, garantizar que quien es señalado tenga derecho a una investigación seria, objetiva e imparcial.

Lo digo no solo como abogado, profesión que me ha enseñado que las pruebas siempre deben prevalecer sobre las emociones.

Lo digo también como padre. Porque ninguno de nosotros quisiera que un hijo creciera en un país donde bastara una acusación para destruir su vida sin que existiera la posibilidad de defenderse.

Y lo digo como amigo y como ciudadano, porque todos conocemos el inmenso valor que tiene el buen nombre.

La reputación es un patrimonio que tarda décadas en construirse y puede desaparecer en un solo día.

Las investigaciones existen precisamente para encontrar la verdad. No para confirmar prejuicios ni para satisfacer la presión de la opinión pública.

Existen para establecer responsabilidades cuando las hay y para descartar acusaciones cuando las pruebas así lo demuestran.

Cuando convertimos las redes sociales en tribunales, perdemos todos. Pierden las verdaderas víctimas, porque sus denuncias pueden terminar confundidas entre el ruido y la polarización.

Pierden los investigados, si resultan condenados socialmente antes de cualquier decisión judicial. Y pierde la justicia, porque deja de ser un ejercicio de verdad para convertirse en un espectáculo.

La presunción de inocencia no es un privilegio del acusado; es una garantía para todos los ciudadanos.

Del mismo modo, escuchar con respeto a quien denuncia tampoco significa condenar anticipadamente a quien es señalado. Ambas ideas pueden y deben coexistir.

Hoy el debate no debería centrarse en escoger bandos, sino en defender principios.

Porque mañana cualquiera podría ocupar cualquiera de los dos lugares, el de quien denuncia o el de quien debe defender su honra frente a una acusación.

La justicia no puede actuar al ritmo de las tendencias digitales. Debe hacerlo al ritmo de las pruebas, de la investigación rigurosa y de la verdad.

Solo así protegeremos, al mismo tiempo, la dignidad de quienes se atreven a denunciar y el buen nombre de quienes tienen derecho a que su responsabilidad solo sea determinada por la justicia y nunca por un juicio mediático.

Porque cuando reemplazamos los estrados por las redes sociales, la verdad deja de ser el objetivo y la reputación se convierte en la primera víctima.

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