Las Fuerza Publica estuvo a la altura

Después de haber pasado la transmisión del poder en Colombia y de haber tenido el terremoto más fuerte de los últimos años, acudo al señor para que de fortaleza a las familias de las victimas y el soporte suficiente de las autoridades y organismos de socorro para sacar adelante nuestra región ante la magnitud de lo sucedido.

Durante los últimos cuatro años existió entre muchos colombianos, particularmente entre quienes conocemos de cerca la institución militar, un temor que no podemos desconocer: que nuestras Fuerzas Militares y la Policía pudieran debilitarse hasta el punto de no estar a la altura de las circunstancias que atravesaba el país.

Hoy, cuando ese periodo de gobierno llega a su fin, considero que ese temor quedó infundado frente a una realidad mucho más contundente: la fuerza Pública estuvo a la altura de Colombia y de su Constitución.

Y lo hicieron probablemente durante uno de los periodos más difíciles para la institución en las últimas décadas, cuestionadas por la mayoría por no tomar acción, perseguidas por otro lado por cuenta de la justicia amañada, una firme estrategia de disminuir las capacidades y su personal mas capacitado en operaciones e inteligencia.

Fueron las Fuerzas Militares y la policía las que tuvieron que soportar buena parte del embate político, institucional y mediático.

Fueron cuestionadas, señaladas y, en no pocas ocasiones, vilipendiadas. Incluso hubo sectores de la sociedad que llegaron a interpretar su prudencia como debilidad y su silencio como falta de carácter.

Pero se equivocaron.

Lo que nuestra cúpula militar y policial estaba indicando a su tropa es que estaban haciendo en algo mucho más profundo: cumplir la Constitución.

Las Fuerzas Militares y la Policía entendieron que en una democracia las armas de la República están subordinadas al poder civil legítimamente constituido.

Acatar al gobierno civil no significa renunciar a los principios ni abandonar la misión constitucional. Mucho menos significa claudicar.

Y nuestras Fuerzas no claudicaron.

Continuaron protegiendo a los colombianos, defendiendo la soberanía, enfrentando las amenazas contra la seguridad nacional y sosteniendo la institucionalidad, aun en medio de enormes dificultades operacionales, presupuestales y políticas.

El costo interno, sin embargo, fue considerable.

Durante estos cuatro años se produjeron sucesivos cambios en las cúpulas militares. Pasaron varias estructuras de mando y más de 65 generales salieron del servicio.

Una cifra de semejante magnitud no puede analizarse simplemente como una sucesión administrativa de relevos.

Cuando sale un general no solamente se retira un uniforme.

Se van décadas de preparación, experiencia operacional, conocimiento del territorio, conducción de tropas, inteligencia estratégica y memoria institucional.

Formar un oficial general requiere buena parte de una vida al servicio de Colombia.

Por eso, la historia tendrá que evaluar con serenidad cuál fue el verdadero costo para la defensa nacional de semejante renovación de los altos mandos, pero además de expertos oficiales, suboficiales y miembros de nivel ejecutivo, preparados para la lucha antiterrorista.

También tendrá que preguntarse qué ocurrió con las capacidades operacionales de la Fuerza Pública mientras diferentes estructuras criminales ampliaban su presencia territorial, por cuenta de una estrategia gubernamental de Paz total totalmente fallida.

Mientras nuestros soldados continuaban enfrentando grupos armados ilegales en regiones donde la población reclamaba mayor presencia y protección del Estado.

Ese análisis no puede hacerse desde la ideología. Debe hacerse desde los resultados.

Y aquí quiero detenerme en otro aspecto.

Durante este Gobierno se ha presentado como uno de los principales avances en materia militar el incremento de la bonificación para los soldados que prestan el servicio militar y las mejoras salariales de los soldados profesionales.

Bienvenido todo esfuerzo que dignifique la vida de nuestros soldados.

Quienes hemos comandado tropas sabemos perfectamente lo que significa para un joven y para su familia recibir una remuneración más justa. Nadie que ame a las Fuerzas Militares podría oponerse a ello.

Pero una cosa es reconocer una decisión favorable y otra muy distinta desconocer su origen.

Estas iniciativas no nacieron de la noche a la mañana ni pueden atribuirse exclusivamente a un solo gobierno. Algunas venían siendo impulsadas desde años anteriores y tuvieron antecedentes e iniciativas políticas y legislativas, entre ellas las promovidas por varios otros partidos políticos. La verdad histórica también exige reconocerlo.

Y hay algo todavía más importante: la política de defensa de un país no puede reducirse al salario de sus leales combatientes.

Dignificar al soldado y el Policía es indispensable, pero también lo es proporcionarle las herramientas necesarias para cumplir su misión.

Un soldado mejor remunerado, pero sin suficientes capacidades operacionales, inteligencia, movilidad, tecnología, mantenimiento, entrenamiento y respaldo institucional, continúa siendo un soldado o policía limitado frente a organizaciones criminales que evolucionan y, se financian por narcotráfico y minería ilegal y se fortalecen permanentemente.

Por eso el balance que deberá hacer Colombia es mucho más amplio.

Habrá que revisar qué pasó con nuestras capacidades estratégicas; qué ocurrió con el control territorial; cuánto crecieron o disminuyeron las organizaciones armadas ilegales; qué territorios recuperó el Estado y cuáles perdió; qué ocurrió con la seguridad de nuestros soldados y policías y, sobre todo, qué condiciones recibe el nuevo mando militar para enfrentar las amenazas que hoy tiene Colombia.

La historia deberá hacer un balance completo de estos cuatro años.

Pero hay algo que desde ahora podemos afirmar: quienes estuvieron al mando de nuestras Fuerzas Militares y la Policía lograron preservar un patrimonio que no aparece en los presupuestos ni puede medirse solamente en estadísticas.

Preservaron el espíritu de cuerpo.

Preservaron la disciplina.

Preservaron la subordinación constitucional.

Y, fundamentalmente, preservaron la institucionalidad.

Ese era quizás el desafío más difícil.

Porque la Fuerza pública podía perder capacidades, hombres experimentados, presupuesto o margen operacional. Pero había un tesoro que no podían permitirse perder: la credibilidad de los colombianos.

Y considero que no la perdieron.

Por el contrario, nuestras Fuerzas Militares y policía Nacional llegan al final de estos cuatro años manteniendo el respeto de amplios sectores de la ciudadanía.

Ese reconocimiento no fue un regalo de ningún presidente ni pertenece a ningún gobierno. Se ha construido durante generaciones con sacrificio, disciplina y, demasiadas veces, con la sangre de nuestros hombres.

Aquí encuentro una de las grandes lecciones de este periodo.

La lealtad militar no es lealtad a una persona.

No es lealtad a un presidente.

No es lealtad a un partido.

Es lealtad a Colombia y a su Constitución.

Por eso resulta equivocado interpretar la subordinación al poder civil como sometimiento político.

Un militar o policía profesional obedece al presidente de la República en su condición constitucional de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero su juramento está ligado a la Constitución y a la ley.

Esa diferencia es fundamental para comprender lo ocurrido.

Hubo momentos difíciles. Hubo decisiones que generaron incertidumbre dentro de las instituciones. Hubo cambios profundos en los mandos y situaciones en las cuales seguramente muchos militares sintieron frustración frente a las condiciones en que debían desarrollar las operaciones, hubo más víctimas civiles y militares que en otro cuatrienio.

Pero permanecieron.

Cumplieron las órdenes legítimas.

Mantuvieron la disciplina.

Y siguieron combatiendo cuando Colombia los necesitó.

Ahora comienza otra etapa.

El nuevo Gobierno y quienes reciban la responsabilidad de conducir la defensa y la seguridad de Colombia encontrarán unas Fuerzas Militares que atravesaron cuatro años particularmente complejos, pero que permanecieron en pie.

Encontrarán también problemas que no pueden ocultarse.

Habrá mucho por reconstruir, fortalecer y corregir. Habrá que recuperar capacidades estratégicas y operacionales, fortalecer la inteligencia, modernizar equipos, garantizar el mantenimiento de los sistemas existentes, recuperar presencia efectiva en los territorios y, especialmente, devolverles a nuestros hombres la certeza de que el Estado respalda a quienes arriesgan su vida para defenderlo.

También será necesario reconstruir algo que resulta fundamental en cualquier institución armada: la confianza entre el poder político y el mando militar.

Las Fuerzas Militares no necesitan privilegios.

Necesitan claridad en la misión.

Necesitan recursos.

Necesitan seguridad jurídica.

Necesitan liderazgo y decisión política.

Y necesitan sentir que detrás de cada soldado desplegado en una montaña, una selva, una frontera o un río existe un Estado dispuesto a respaldarlo mientras actúe dentro de la Constitución y la ley.

El país tendrá tiempo para discutir los aciertos y desaciertos del Gobierno que termina. Habrá balances políticos, económicos y sociales. También deberá existir, necesariamente, un balance serio sobre defensa y seguridad.

Pero cuando llegue ese momento, considero que debemos separar dos responsabilidades.

Una cosa es el balance de la política gubernamental de defensa y seguridad.

Otra muy diferente es el comportamiento de las Fuerzas Militares y su Policía nacional.

Una primera habrá que evaluarlas por sus decisiones y sus resultados.

Y una segunda habrá que reconocerles que, aun sometidas a una enorme presión, no abandonaron su misión constitucional.

Cuando algunos dudaron de ellas, permanecieron firmes.

Cuando fueron cuestionadas, conservaron la disciplina.

Cuando perdieron comandantes experimentados, continuaron operando.

Cuando pudieron sentirse abandonadas, siguieron cumpliendo su deber.

Cuando fueron atacadas, respondieron dentro de la institucionalidad.

Y cuando la historia les exigió escoger entre las circunstancias políticas del momento y la Constitución, escogieron la Constitución.

Por eso, después de estos cuatro años, mi conclusión es clara: Las Fuerzas Militares y la Policía no le fallaron a Colombia. Estuvieron a la altura.

Y hoy pueden mirar al país de frente con la tranquilidad de haber preservado, en uno de los periodos más complejos de nuestra historia reciente, aquello que ningún gobierno puede entregarles ni quitarles: El Honor y su Lealtad institucional.

Comments