A propósito de la Minga en Cali: Las normas no pueden tener excepciones

La polémica surgida por el ingreso de la minga indígena a Cali el pasado 20 de julio deja una reflexión que va mucho más allá de ese episodio.

Con demasiada frecuencia en Colombia se pretende convertir el cumplimiento de la ley en un acto de persecución política, cuando en realidad lo que corresponde es exigir que las normas se apliquen de manera igualitaria, sin privilegios ni excepciones.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en esta oportunidad. Algunos sectores aseguraron que la Alcaldía de Cali había impedido el ingreso de la minga e incluso la representante a la Cámara Aída Quilcué calificó lo sucedido como una supuesta “obstaculización de la protesta social“.

Sin embargo, los hechos conocidos muestran otra realidad.

La Secretaría de Movilidad explicó que, antes de la movilización, sostuvo reuniones con los organizadores y se acordó que los buses escalera o chivas no ingresarían transportando personas sobre los techos, debido al evidente riesgo que esa práctica representa para la vida de los ocupantes y de los demás actores viales.

Cuando algunos vehículos incumplieron ese compromiso, la autoridad propuso realizar el traslado en dos recorridos e incluso ofreció asumir el costo adicional del combustible para hacerlo posible.

La propuesta fue rechazada. En ningún momento se impidió el ingreso de la minga a Cali; lo que se hizo fue exigir el cumplimiento de las normas de seguridad vial previstas en el Código Nacional de Tránsito.

Y ahí está el verdadero debate. ¿Acaso a cualquier ciudadano de Cali se le permitiría circular transportando personas sobre el techo de un vehículo? La respuesta es evidente.

Entonces, ¿por qué habría de aplicarse un criterio distinto porque se trata de una organización social o de un grupo étnico? La igualdad ante la ley implica precisamente que las mismas reglas rijan para todos.

Lo preocupante es que en Cali, y en buena parte del país, se ha ido instalando la peligrosa costumbre de satanizar las normas y de presentar la autoridad como un enemigo.

Se normaliza la indisciplina, se justifican conductas que ponen en riesgo la vida y se convierte el cumplimiento de la ley en un supuesto acto de intolerancia.

Esa lógica termina debilitando la convivencia y erosionando el respeto por las instituciones.

Nadie discute el derecho a la protesta ni el derecho a la movilización, ambos protegidos constitucionalmente.

Pero esos derechos, como todos los demás, deben ejercerse dentro del marco de la ley y con respeto por las normas que existen para proteger a toda la comunidad.

Defender la seguridad vial no es restringir la protesta; es cumplir el deber de proteger la vida.

Cali necesita recuperar una cultura del respeto por las reglas. La ciudad será más segura, más ordenada y más amable en la medida en que entendamos que las normas no existen para perseguir a nadie, sino para garantizar la convivencia.

Y esa convivencia solo es posible cuando nadie pretende estar por encima de la ley.

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