El fantasma del apagón: La seguridad energética no admite más improvisación

La posibilidad de que Colombia enfrente un fenómeno de El Niño de gran intensidad vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el país no puede seguir aplazando: la seguridad energética.

Si bien las autoridades trabajan para evitar un eventual racionamiento mediante el uso de embalses, plantas termoeléctricas, importación de gas y campañas de ahorro, lo cierto es que la amenaza evidencia una vulnerabilidad estructural que exige decisiones de fondo.

Colombia depende en cerca de un 70% de la generación hidroeléctrica. Cuando las lluvias escasean, los embalses disminuyen y todo el sistema entra bajo presión. Esa realidad no es nueva.

Lo preocupante es que el país llega a este nuevo episodio climático con una menor capacidad de respuesta como consecuencia de decisiones equivocadas adoptadas durante el gobierno saliente de Gustavo Petro.

La negativa a impulsar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo debilitó la autosuficiencia energética del país.

La caída de las reservas de gas y la creciente necesidad de importar este combustible reducen el margen de maniobra precisamente cuando las termoeléctricas, que funcionan como respaldo del sistema hidroeléctrico durante las sequías, podrían necesitar mayores volúmenes para mantener la generación eléctrica.

Pero tampoco sería acertado responder a este desafío apostándolo todo nuevamente a los combustibles fósiles.

Colombia necesita una política energética seria, técnica y de largo plazo que combine la recuperación de la exploración y producción de gas y petróleo con una aceleración real de la diversificación de la matriz energética.

El país tiene enormes oportunidades para hacerlo. La energía solar y la eólica deben seguir expandiéndose, especialmente en regiones con alto potencial como La Guajira.

También es necesario fortalecer la cogeneración, donde el Valle del Cauca ofrece un ejemplo exitoso mediante la producción de electricidad a partir del bagazo de caña en los ingenios azucareros. A ello deben sumarse inversiones en almacenamiento de energía, redes de transmisión, infraestructura para el suministro de gas y tecnologías que permitan hacer más resiliente el sistema frente a eventos climáticos extremos.

El reto del nuevo gobierno será enorme. No solo deberá enfrentar un fenómeno climático que amenaza con afectar la generación eléctrica, sino también contener sus efectos sobre la inflación, la producción agrícola, la industria y el costo de vida de los colombianos.

Una sequía prolongada no solo pone en riesgo el suministro de energía; también encarece los alimentos, incrementa los costos empresariales y frena el crecimiento económico.

Las decisiones ideológicas nunca debieron imponerse sobre la seguridad energética del país.

Colombia necesita una transición energética, pero una transición responsable, gradual y técnicamente planificada, que garantice el abastecimiento mientras consolida nuevas fuentes de generación.

La experiencia demuestra que la verdadera sostenibilidad no consiste en cerrar opciones antes de contar con alternativas suficientes, sino en construir una matriz energética diversificada, confiable y capaz de resistir tanto los errores humanos como los desafíos del clima.

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