Ley de competitividad: el proyecto que busca cambiar la relación de los colombianos con el Estado

La iniciativa propone eliminar documentos repetidos, acelerar la apertura de empresas, digitalizar notarías y registros y simplificar procedimientos ante entidades como el Invima y el ICA.

La apuesta es reducir tiempos y costos que hoy afectan la competitividad.

Hacer empresa en Colombia puede significar enfrentarse a certificados, permisos, formularios y documentos que, en muchos casos, ya se encuentran en poder de alguna entidad pública.

Un proyecto de Ley de Competitividad que llegará al Congreso busca cambiar esa realidad y establecer una regla sencilla: si el Estado ya tiene la información, no debería volver a pedírsela al ciudadano o al empresario.

La iniciativa establece medidas de simplificación administrativa, racionalización, digitalización e interoperabilidad de trámites con el objetivo de reducir cargas innecesarias, disminuir tiempos y costos y facilitar la relación de personas y empresas con el Estado.

Sus disposiciones abarcan desde la creación y operación de empresas hasta comercio exterior, licenciamiento urbanístico y actuaciones notariales, registrales, catastrales e inmobiliarias.

Uno de los pilares es el denominado “principio de una sola vez”.

Bajo esta regla, una entidad no podría solicitar información o documentos que ya reposen en poder del Estado o puedan obtenerse mediante sistemas interoperables.

Además, el proyecto establece que los trámites deberán poder adelantarse digitalmente, aunque mantiene los canales presenciales para evitar excluir a quienes no tengan acceso o habilidades tecnológicas.

Abrir y operar una empresa con menos vueltas

Los cambios serían especialmente visibles para empresarios y comerciantes.

El proyecto fortalece la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y contempla la creación progresiva de un Expediente Único Empresarial Digital, que permitiría reutilizar información previamente entregada por el empresario.

La idea es conectar fuentes como el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el Registro Único Tributario (RUT), el Registro Único de Proponentes (RUP) y el SECOP.

Cuando una entidad pueda consultar directamente un certificado o dato en esos sistemas, no podría obligar al empresario a cargar nuevamente una copia del mismo documento.

También se simplificarían algunos requisitos para los establecimientos comerciales.

Por ejemplo, la autoridad tendría que verificar directamente la información relacionada con el uso del suelo cuando pueda consultarla en fuentes oficiales.

Lo mismo ocurriría con la matrícula mercantil y, cuando corresponda, con el Registro Nacional de Turismo.

Para los microempresarios aparece otro cambio relevante: el proyecto propone eliminar el cobro por el concepto de inspección técnica de seguridad realizado por los cuerpos de bomberos.

Para establecimientos clasificados como de bajo riesgo, además, ese concepto tendría una vigencia de tres años mientras no cambien la actividad, el área o las condiciones locativas.

Cambios para comprar o vender una vivienda

La simplificación también llegaría a notarías y oficinas de registro.

El proyecto permite que las escrituras públicas se realicen mediante documentos físicos o electrónicos y establece que la firma digital o electrónica tendrá los mismos efectos que la firma manuscrita.

Todas las notarías del país tendrían un proceso gradual de adaptación que deberá completarse en un plazo máximo de cuatro años.

En materia inmobiliaria, se plantean tiempos máximos para algunos procedimientos.

La inscripción de compraventas, permutas y donaciones tendría un plazo de cinco días hábiles, aunque podría prorrogarse otros cinco días en los casos previstos por el proyecto.

El mismo término inicial se establece para la cancelación de hipotecas y otras limitaciones al dominio.

El proyecto también ordena digitalizar la totalidad de los folios de matrícula inmobiliaria dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en vigencia de la eventual ley.

La consulta directa de esa información permitiría evitar que las entidades vuelvan a exigir al ciudadano certificados que pueden verificar por sí mismas.

Invima, ICA y comercio exterior

La iniciativa toca igualmente uno de los puntos que más preocupan a diferentes sectores productivos: los tiempos asociados a registros y autorizaciones.

El proyecto plantea que Invima e ICA adopten un modelo de administración basado en el nivel de riesgo y contempla mecanismos simplificados para determinadas categorías, sin eliminar los controles necesarios para proteger la salud pública.

Para productos de riesgo bajo o medio, la futura reglamentación podría sustituir, unificar o eximir determinados registros sanitarios mediante mecanismos simplificados.

Sin embargo, el propio proyecto establece límites: los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos de alto riesgo no podrían quedar exentos del registro sanitario.

La filosofía que atraviesa el proyecto puede resumirse en un cambio de lógica: que el ciudadano deje de funcionar como mensajero entre entidades públicas.

Si supera su trámite legislativo, el reto será convertir esa promesa de interoperabilidad en sistemas que realmente se comuniquen entre sí.

Porque reducir la burocracia no consiste solamente en pasar un formulario del papel a una pantalla, sino en conseguir que hacer un trámite requiera menos tiempo, menos documentos y menos vueltas.

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